Unas nueve horas demoró la lectura de la sentencia que emitió la Quinta Sala Penal para Reos Libres para señalar las responsabilidades del entonces director de la Séptima Región Policial y de casi medio centenar de comerciantes en la tragedia de Mesa Redonda que causó la muerte de 290 personas y que dejó 262 heridos y 174 desaparecidos en la noche del 29 de diciembre del 2001. Sin embargo, el que tomó más tiempo para precisar su culpa en ese siniestro fue el caso del general Luis Alberto Sánchez Arias, quien ordenó extrañamente el 19 de diciembre de ese año --diez días antes-- el retiro del cerco policial que hasta ese momento había evitado que los comerciantes informales ingresaran masivamente su mercadería y que los ambulantes tomaran pistas y veredas para vender su explosiva mercadería. El oficial, que impugnó la sentencia, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, pena a la que se añadió un año de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.