E l lavado o blanqueo de dinero es una de las actividades ilícitas más frecuentes en las bandas de narcotraficantes, terroristas, grupos dedicados a la trata de blancas, los secuestros y actos de corrupción. Pero también es uno de los delitos más difíciles de comprobar, porque quienes lo perpetran no dudan en comprar silencios y esconder su delito bajo la complicidad de gobiernos, congresistas, magistrados y autoridades policiales corruptos.De allí la importancia de la labor cumplida por el Grupo Especial de Inteligencia Policial que, tras dos años de trabajo, ha logrado precisar los montos de dinero que lavaron en el país las empresas de Fernando Zevallos, ex hombre fuerte de la aerolínea Aerocontinente y quien purga hoy una condena de 20 años de cárcel efectiva, por los delitos de tráfico ilícito de drogas, receptación de dinero y el mencionado lavado de activos. La suma es respetable: U$461 millones de dólares, es decir, casi la mitad de la inversión del Perú en la construcción de la Interoceánica. Un dinero que en manos del narcotráfico distorsiona la economía, genera informalidad y socava la institucionalidad.Para El Comercio, que desde el principio no cejó en su esfuerzo por develar los sucios vínculos que tejió Zevallos con los cárteles del narcotráfico, resulta alentador que la justicia confirme una a una las graves denuncias que oportunamente dimos a conocer.Debe resaltarse la labor del Grupo Especial de Inteligencia Policial, encargado de desarticular la red de empresas de fachada del emporio Zevallos, así como la perseverancia de la procuradora antidrogas Sonia Medina y del periodista responsable de la investigación en nuestro Diario, Miguel Ramírez. Ambos fueron perseguidos y calumniados vilmente por la mafia. El Caso Zevallos reitera, sin embargo, un compromiso clave: detectar a dónde van los ingentes recursos de la droga --estimados de manera conservadora en más de dos mil millones de dólares--, sobre todo en un país como el nuestro, segundo productor mundial de cocaína y con una economía contaminada por los dólares sucios. La responsabilidad alcanza a todos los poderes públicos que, más de una vez a lo largo de la historia reciente, se hicieron de la vista gorda ante quienes solo buscan convertir el Perú en un narcoestado.