Las discrepancias entre un sector de la población indígena y el Estado en torno a la actividad minera llegaron hasta la Organización de Estados Americanos(OEA).Jorge Payaba, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, informó que solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que el gobierno detenga los planes de autorizar la actividad petrolera y maderera en sus reservas.