NO MÁS FANTASMAS POPULISTAS

Críticas más que aprobación ha acarreado, justificadamente, el proyecto del Ejecutivo que plantea entregar fondos del canon minero a las familias que viven en los distritos que reciben ese dinero. Lo cierto es que las observaciones son atendibles. Modificar la distribución del canon atenta contra la normativa vigente y la autonomía presupuestal de las regiones y municipalidades, y puede boicotear el desarrollo de las propias comunidades. Probablemente, el Gobierno busca agilizar la entrega de los recursos de la minería, combatir la pobreza y mejorar la relación entre las comunidades adyacentes con las compañías extractivas. Pero la impaciencia no es buena consejera. El riesgo es que se puede desnaturalizar el canon, entendido como "la participación adecuada y efectiva de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales".Tienen razón los expertos cuando señalan que el proyecto del Ejecutivo tiene un peligroso tinte populista, que sorprende en un gobierno que se comprometió a no mezclar política y economía. El canon se debe utilizar como compensación por la extracción de un activo y debe ser usado para reemplazarlo con otro activo, a través de la inversión y no para cubrir gasto corriente. En otras palabras, es dinero que debe fomentar la inversión en la infraestructura y no cubrir las necesidades inmediatas de la población desde Lima, en una muestra más de centralismo.Eso puede dar réditos políticos, pero a la larga no mejorará la distribución del canon, creará inequidades --solo beneficia a las poblaciones ubicadas dentro de la jurisdicción de los asentamientos mineros-- y condenará a las comunidades a seguir viviendo de las dádivas del Estado. Si se quiere solventar las necesidades de la población de manera directa, que se use los fondos del Tesoro. Otra salida para agilizar la distribución del canon es crear un fondo promotor, que sirva para generar pequeños negocios y así impulsar la inversión productiva.El Gobierno debe poner en la balanza qué es mejor: si potenciar la distribución de gasto de los gobiernos locales y regionales o entregar directamente dinero a las familias más pobres una vez al año, como explicó ayer el ministro Carranza. Tarea del Estado es construir esa cultura del gasto que no tenemos, para manejar responsablemente fondos que ahora sí poseemos.(Edición domingo).