El gobierno peruano sustentó ayer su posición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por las medidas cautelares que interpuso la ONG Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con el supuesto interés de garantizar los derechos de comunidades nativas en situación de aislamiento y contacto inicial. Según se ha informado, AIDESEP ha solicitado a la CIDH que otorgue medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas Pananujuri (Arabela), Aushiris o Abijiras, Kugapakori Nahua y Nanti, así como de los Tagaeri y Taromenane. Estas comunidades nativas, ubicadas en Ucayali y Cusco, buscan interrumpir las actividades de exploración y explotación petrolífera en sus territorios de empresas como Barret y Repsol, así como del proyecto gasífero de Camisea. La CIDH escuchó a las partes ayer en una audiencia. (Edición sábado).