El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del castillo, afirmó que una cosa es que la población sea aengañada para oponerse a la inversión minera, y otra que, con pleno conocimiento, no quiera que se realice esa actividad en las zonas donde habitan, y afirmó que si este último es el caso, se respetará esa decisión popular. El premier dio a entender que, en adelante, las inversiones de esa actividad productiva se realizarán sólo si estás son aprobadas por las comunidades, y que la única alternativa es que las mismas empresas convenzan a las poblaciones de que su actividad no las va a dañar sino a beneficiar.