El quehacer de un científico es precisamente la ciencia, pero en los países en vías de desarrollo --como el caso del Perú--, dedicarse a esta actividad puede convertirse en un camino lleno de obstáculos. El doctor Ronald Woodman Pollit, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), lo sabe muy bien. En la última década no ha cesado en levantar su voz de protesta para proteger de interferencias el funcionamiento del Radio Observatorio de Jicamarca (ROJ), uno de los centros de investigación más importantes del país y de renombre internacional.Precisamente, el Congreso de la República aprobó hace cinco años, con la Ley 27816, la creación de un área de protección funcional o de amortiguamiento alrededor de las instalaciones del ROJ.Esta norma, que se publicó en "El Peruano" el 13 de agosto del 2002, declaró de utilidad y necesidad públicas la expropiación del terreno de 1.900 hectáreas ubicado en la quebrada de Jicamarca (una parte en el distrito de Lurigancho-Chosica, provincia de Lima, y otra en el distrito de San Antonio de Chaclla, Huarochirí), y calificó como intangible el área expropiada. Pero esta disposición ha sido ignorada recientemente, según denunció Ronald Woodman, con el tendido de una línea eléctrica que atraviesa el área intangible del ROJ, a lo largo de la pista que conduce a las instalaciones de Petramas S.A.C.; empresa que opera allí el relleno de residuos sólidos Huaycoloro.Se trata de una red de media tensión que se instaló a solicitud de Petramas S.A.C, confirmó Luz del Sur.