Como hemos informado, la defensa de los intereses del Estado naufraga en un mar de 240 mil casos sin resolver. La crisis es antigua, profunda y extendida, y obliga a tomar medidas audaces. Está claro que es un imposible material que 139 procuradores, a un ritmo de 1.500 casos por persona, puedan ejercer una representación cabal.Frente a esta situación, hay múltiples salidas. Para el jurista Jorge Avendaño Valdez una es sanear la situación, y encargar a consultores externos la evaluación de los procesos existentes para determinar cuántos valen la pena que sigan siendo accionados por las procuradurías en términos de costo-beneficio. Su proyección es que, probablemente, un buen número de juicios no sean rentables y por eso convendría que el Estado desistiera, en caso de ser demandante, o se allanara, en el supuesto de que aparezca como demandado.Las pérdidas por estas causas tendrían que ser asumidas por el Estado, pero eso le permitiría concentrarse en los casos de mayor relevancia económica o de complejidad procesal.Adicionalmente, los procuradores necesitarían la autorización de sus respectivos organismos para allanarse o desistir, aunque además se requiriría que el Congreso promulgara una ley para uniformar criterios de limpieza de expedientes. También hay un problema de potencial humano. A diferencia de otros países, donde el abogado del Estado goza de prestigio, en nuestro país su tarea es muchas veces deslucida. Por ello la reducción efectiva de esa maraña de procesos debe ir de la mano de una mejora en el potencial humano en las distintas procuradurías. Se necesita que el Ministerio de Justicia asuma el liderazgo real y efectivo de la defensa legal del Estado, comenzando por comprarse el pleito del terrible pasivo expuesto aquí.