Según el Ministerio de Justicia, hoy en día el Estado tiene un triste récord: más de 240 mil causas judiciales sin resolver. Quiere decir que si tenemos 137 procuradurías, en cada una de estas dependencias se tramitan, en promedio, 1.500 procesos al año en los cuales está de por medio la defensa de los intereses del Estado. Para los entendidos en la materia, esa cifra resulta inmanejable. Pero ahí no termina el diagnóstico del mundo de los procuradores, que son los representantes legales que actúan en todos los casos judiciales en los que el Estado es demandado o demandante. Estos abogados muchas veces no trabajan bajo un sistema articulado ni homogéneo, y hay ocasiones en que se advierte desidia en el seguimiento de los procesos, porque no existe unidad de criterio. La excepción a la regla fue el caso del ahora extraditado Alberto Fujimori.