Fundamental paso para hacerle frente de manera directa y decidida a la corrupción pública ha sido el asumido por el Gobierno al señalar que está dispuesto a implementar un sistema único de adquisiciones y contrataciones del Estado. Para ello está preparando un proyecto de ley para la creación de una central que garantice lo que en El Comercio hemos postulado: la realización de compras corporativas, a precios justos y transparentes. La salida, y en ello coinciden los especialistas e incluso la contraloría, es centralizar gradualmente en un solo organismo especializado las adquisiciones de las 2.800 entidades públicas que hoy se realizan de manera dispersa, por nada menos 25 mil millones de soles. Pero el tema va más allá. La nueva entidad deberá cambiar la cultura del gasto público: de ser un país preparado para no gastar, deberemos cambiar a otro, con mecanismos para poder adquirir cada vez más bienes y servicios, pero, eso sí, de manera rápida y al precio justo. Y no podía ser de otra manera. Las adquisiciones y contrataciones públicas en el país no han funcionado. ¿Los responsables? En gran parte el personal encargado de las compras. ¿Cuál era la respuesta de los burócratas pillos cuando se les reclamaba por adquisiciones a precios sobrevaluados? "Hemos cumplido con todos los trámites y por lo tanto no hemos cometido delito", contestaban. Con ello pretendían justificarse, pues hecha la ley hecha la trampa. Pero el país terminaba pagando más o adquiría productos de menor calidad. Y eso es delito, por más que el proceso de compra haya sido aparentemente óptimo. La ley no está para justificar la sinvergüencería. Y eso es lo que se había institucionalizado. Era momento de ponerle freno. Era también muchas veces injusto para los ministros quienes sin saber cómo ni muy bien por qué, se veían envueltos en procesos investigatorios y sus cabezas puestas en el circo de las interpelaciones y censuras.Ante este escenario, ¿cuáles serían las necesidades para crear una entidad de compras eficiente? En primer lugar, disponer de un grupo de funcionarios de élite, de reconocida solvencia profesional, ética y técnica. Deberán estar bien pagados y capacitados en comprar al por mayor y con la suficiente experiencia para no dejarse sorprenderse por proveedores corruptos. Algo así como cuando hace años se fundó la Sunat y se instaló un equipo que le permitió ganar prestigio rápidamente. De hecho, como norma, no deberán formar parte del organismo los actuales compradores de los ministerios, a no ser que excepcionalmente algunos logren superar los más severos filtros.Pero no será solo cuestión de gente. Se requerirá de procedimientos modernos, confiables y rápidos. Hay además otras exigencias: por ejemplo, que sea totalmente transparente. La opinión pública y los proveedores deben poder tener acceso a la información sobre los pasos para hacer la compra, de manera que pueda fiscalizarse. Algunas instituciones exigirán quedar exentas. Entre estas podrían estar los ministerios de Defensa o del Interior. Pero la ley no debe dejarse sorprender, más aun considerando que cada vez son menos las necesidades que califican como de seguridad del Estado. Más bien, estos ministerios se han visto involucrados en muchos sonados casos de malas compras. Otro requisito es que el nuevo organismo sea autónomo. Solo así podrá ser justo y estar blindado contra presiones de los poderes públicos (cualquiera de ellos) para favorecer a amigos, socios o sencillamente para pagar favores políticos. La futura ley deberá sancionar drásticamente a quienes roben con las compras. Aquí la sanción debe ser ejemplar, tanto para el empleado público como para el proveedor que corrompa al funcionario. ¿Hay acaso algún coimero detenido? Por eso, bien que el Gobierno se comprometa a adecentar las adquisiciones estatales. Lo siguiente es instalar la centralización de inmediato para terminar con esa voraz corrupción enquistada en la administración pública.