Aparte del desaire que significa dejar plantados a representantes y autoridades del Gobierno Central, del Congreso y de la región, es muy sintomática la ausencia de los alcaldes de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera en los encuentros en Piura para tratar el Caso Majaz.¿Cómo se puede dialogar con quienes rehúyen incluso el llamado al diálogo del Acuerdo Nacional, que hizo el esfuerzo de sesionar en Piura? Este boicot es inaceptable y tiene que ser denunciado. No es posible avanzar hacia una solución cuando faltan los representantes de una de las partes principales, precisamente de las comunidades donde se ubica el asiento minero.Tenemos que recordar a los burgomaestres aludidos, Humberto Marchena, Juan García e Ismael Huayama, que fue público su compromiso de conversar sobre el tema después de la polémica consulta vecinal. Y esta ya se realizó. ¿Qué pasó en el entretanto? ¿Qué otros intereses hay tras esta posición bloqueadora? ¿Acaso continúa la presión de grupos radicalizados o de las mismas ONG supuestamente ambientalistas?El diálogo se ha iniciado y las cartas están sobre la mesa: Hay que encontrar puentes de convivencia entre la minería y el equilibrio ambiental, así como enfatizar la responsabilidad social de la minería que debe favorecer prioritariamente a las comunidades. Lo que no se puede hacer es cerrar los ojos y ceder a los prejuicios y las agendas oscuras de algunos que quieren dar la espalda a una inversión de 1.400 millones de dólares que promovería el desarrollo de toda una región.Majaz debe mantenerse como posibilidad y se espera la presencia de los alcaldes mencionados en el diálogo convocado para el 15 de octubre. No hay pretextos para un nuevo desaire al país. (Edición sábado).