Parece que aún hay mucho pan por rebanar en el caso de la consulta vecinal del domingo 16 en Piura, destinada a recoger la opinión mayoritaria de tres localidades sobre el proyecto minero Río Blanco de la empresa Majaz. Según los organizadores, ganó el “No”; para el gobierno, la mitad de los pobladores ni siquiera asistió. El régimen, sin embargo, debería poner énfasis en el papel que cumplieron algunas de sus instituciones. Los organismos electorales, por ejemplo, declararon ilegales los planillones con los nombres, fotografías y números de DNI de los electores que participaron. Sin embargo, la información utilizada en ese ejercicio es la misma que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empleó en las elecciones regionales y municipales de noviembre del año pasado. Los documentos oficiales del único organismo con facultades para organizar los procesos electorales en el Perú fueron a parar a manos de la empresa particular Podernet, especialmente contratada por los concejos distritales de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera para realizar el referendo de rechazo a la actividad minera en sus territorios.