No sólo el tema minero resulta ser un problema, sino también el petrolero, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para el 12 de octubre a una audiencia con el propósito de evaluar las denuncias contra el Estado peruano presentadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que afirma que las actividades que realizan tres empresas del rubro afectarían a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En julio último Aidesep pidió a la CIDH tomar medidas cautelares contra las operaciones petroleras de Repsol YPF en el Lote 39 y Barret Resources en el Lote 67, argumentando que estas operaciones ponen en riesgo a cinco pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Además, en junio presentó otra denuncia contra las operaciones de explotación del Lote 88.
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