Por el bien del país hay que poner las cosas en claro. El incremento de la remuneración mínima vital (RMV) en 50 soles es algo positivo en el fondo. Se trata de un tema que venía siendo evaluado desde hace varios meses dentro del Consejo Nacional del Trabajo para beneficiar a los empleados y responder a la serie de condiciones que el Perú debe cumplir para finiquitar la suscripción del TLC con EE.UU.Sin embargo, otra cosa son las formas y el momento elegido por el presidente Alan García para anunciarlo. Este, haciendo gala de excesivo oportunismo político, justificó este incremento como una manera de compensar las recientes alzas del pan y el pollo, causadas por factores externos y estacionales. Incluso, para los trabajadores estatales se anunció un bono extra. Discrepamos de esta reacción presidencial. Ante todo, porque sienta un precedente negativo en momentos en que el precio internacional del petróleo es sumamente inestable y algunos precios de productos básicos pueden subir dependiendo de las estaciones, las lluvias o el mantenimiento de caminos. ¿Se podrá aumentar la RMV cada vez que sucede algo similar? Pues no, pero se da a los trabajadores el erróneo y artificial mensaje de que podría ser así.Luego, se podría dañar las delicadas tratativas al interior del Consejo Nacional del Trabajo, donde con gran esfuerzo se está buscando dar prioridad a factores técnicos y objetivos precisos (PBI, canasta básica, productividad, etc.) para calcular incrementos de remuneraciones. Y para anunciar resultados hay que encontrar el momento adecuado, sin sobrealimentar irresponsablemente las expectativas, lo que podría generar una enorme presión sobre el Gobierno y las empresas para incrementar sueldos y, por efecto dominó, aumentar la espiral inflacionaria.Este último es un punto en el que, sobre todo este Gobierno, tiene que ser muy cuidadoso por los antecedentes de su anterior gestión, cuando la inflación alcanzó niveles estratosféricos. Las formas dicen mucho dentro de la ortodoxia económica y política. Hay pues que dar prioridad al diálogo entre las partes del CNT, requerir la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, y mantener las condiciones de estabilidad política y seguridad jurídica que atraigan más inversiones y generen más empleo digno para más peruanos.