Arguyendo la presencia "no comprobada" de indígenas en estado de aislamiento voluntario, grupos vinculados a ONGs ambientalistas que se arrogan la representatividad de estas comunidades vienen solicitando que se detenga la exploración en zonas con potenciales yacimientos de hidrocarburos. La eventual paralización de la exploración quitaría la posibilidad de dejar de importar combustibles. Primero fue en los lotes 67 de Repsol YPF y 39 de Barret Resources (Loreto), cerca de la frontera con Ecuador, por los cuales la Asociación Inter étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) interpuso una denuncia ante el Juzgado Provincial de Maynas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora la misma organización desarrolla una campaña intensiva enviando comunicados a las empresas y desinformando a las comunidades para evitar que se inicie la búsqueda de petróleo y gas en los lotes 135 y 138, otorgados a la canadiense Pacific Stratus Energy, y en otro aún sin adjudicar cercano al 126.
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