Este Congreso no aprende. ¿Cómo es posible que luego de los sucesivos escándalos que han involucrado a media docena de sus miembros con irregulares contrataciones de personal, se insista en medidas para rebajar, en la práctica, las sanciones a los transgresores?Es lo que ha hecho la Comisión de Constitución, que preside el aprista Javier Velásquez Quesquén, quien con su voto dirimente inclinó la balanza para contabilizar la suspensión de funciones por días calendario, y no por días legislativos, como era costumbre hasta ahora.¿Por qué tanta diligencia para ello? Resulta sumamente sospechosa la oportunidad en que se da esta interpretación, justo cuando se ha suspendido a una connotada parlamentaria aprista, Tula Benites, por 120 días. Ahora, su período de suspensión sin goce de haber concluirá en enero del 2008 y no en mayo de 2008 como hubiera ocurrido si se contaba días de legislatura. Claro que no es la única beneficiada, pero sí la más favorecida pues recaía sobre ella la sanción máxima que podía interponer la Comisión de Ética.Eso no es todo. La mencionada comisión declaró también que cualquier parlamentario suspendido puede mantener en funciones su oficina y su personal. Y ya antes, en junio pasado, las bancadas aprista y fujimorista promovieron un cambio reglamentario para evitar que los denunciados congresistas Benites y Pando fueran reemplazados por sus accesitarios, al estatuir que el reemplazo solo procederá en caso de muerte o por sentencia firme con pena de cárcel del congresista titular. Asistimos, pues, a la denigrante puesta en escena del más nefasto espíritu de cuerpo, donde la función parlamentaria es totalmente desvirtuada y puesta desvergonzadamente al servicio de los pares (el otoronguismo en acción) y no de los intereses del país. ¡Y después preguntan por qué el Congreso de la República está tan desprestigiado!