La tensa experiencia de la reciente consulta vecinal en Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, respecto del proyecto minero Majaz, obliga al país a emprender dos tareas urgentes: mantener un diálogo entre todos los involucrados, que debió darse al comienzo y que ahora parece abrir una dirección auspiciosa. Y crear un nuevo marco legal que obligue a los inversionistas a garantizar la defensa del ecosistema que los involucra, dentro de los estándares internacionales y de acuerdo con los derechos ancestrales de las comunidades insertas en las zonas de exploración y explotación.El Caso Majaz exige, pues, definir un punto de equilibrio que, por un lado, ofrezca garantías de la preservación del medio ambiente en torno al río Blanco, buscando reducir los impactos que este tipo de actividad extractiva genera; y por el otro, prevenga fricciones y enfrentamientos futuros que de extenderse podrían ahuyentar las inversiones mineras que el país necesita y promueve.Lo sucedido en los tres distritos piuranos debería marcar, además, un punto de quiebre que permita poner sobre el tapete los avances y retrocesos de la relación Estado-empresas mineras-comunidad; esa triple sinergia que, salvo contadas excepciones, no está funcionando bien, en parte porque se carece de una autoridad ambiental autónoma, con poder resolutivo y sancionador demostrable.EL PAPEL DEL ESTADOEl primer paso para iniciar y convocar este diálogo le corresponde al Estado, llamado a diferenciar los intereses --abiertos u ocultos-- de las necesidades que abre la inversión. El diálogo demandará tino, tolerancia, apertura y respeto a la ley de parte de todos los involucrados para evitar entrampamientos y desinformación. Y es que si algo ha demostrado el Caso Majaz es que así como existen bloques antimineros politizados y grupos vinculados al narcotráfico --que se niegan a aceptar la presencia de actores legítimos en la zona--, hay también autoridades y una sociedad civil que aún hoy desconocen los alcances reales del proyecto.Tarea fundamental del Estado es acercarse a estas, para responder a las incógnitas existentes. Más aun, porque su deber es hacer cumplir la legislación vigente que promueve la inversión privada en territorios de comunidades campesinas y que obliga a las empresas extractivas a suscribir acuerdos previos con la población. Eso no se ha cumplido y una prueba es la consulta vecinal.RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOCIEDAD CIVIL La empresa Zijin Mining Group debería también pronunciarse respecto de su compromiso de cumplir con las necesidades ambientales y sociales de Majaz. Hasta el momento solo se sabe que los inversionistas chinos tienen interés de asociarse con compañías locales, ¿pero qué hay de sus políticas de responsabilidad social empresarial (RSE), entre ellas las de impacto ambiental?Otras empresas mineras, como Antamina, exhiben una gestión de RSE activa y fluida, que las lleva a relacionarse de manera positiva con las partes interesadas (pobladores, trabajadores y sus familias, los proveedores locales) y el medio ambiente.De otro lado, la sociedad civil tiene que aceptar que el acceso al desarrollo demanda derechos y deberes, y que su papel debe ser proactivo. Al Estado le toca hacer que el desarrollo sea multisectorial, pero sin otorgarle argumentos fáciles a quienes buscan aprovechar el desencanto social para sus planes desestabilizadores.