Un nuevo enfrentamiento vuelve a tener de protagonistas a Beatriz Merino y legisladores del APRA. Y es que la defensora del Pueblo emitió un informe señalando como "inconstitucionales" diversos decretos legislativos que dio el Ejecutivo para luchar contra el crimen organizado. Indica, por ejemplo, que la sanción a las autoridades (alcaldes y presidentes regionales) que participen en marchas de protesta es inconstitucional "porque regula materias que el Poder Ejecutivo no estaba autorizado a incluir en su propuesta legislativa". Como se sabe, el decreto 982 se emitió dentro del marco de las facultades legislativas que el Parlamento otorgó al Ejecutivo para combatir la criminalidad. También señala como contraria a la Carta Magna la exención de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP en el caso del uso reglamentario de sus armas. Y agrega que un 37% de las reformas contenidas en los decretos legislativos "no se relacionan con la lucha contra el crimen organizado".(Edición sábado).