AREQUIPA. Muchos de los conflictos sociales que hoy enfrenta el país tienen su origen en que las comunidades se oponen a que la industria minera utilice las áreas superficiales para que realicen actividades de exploración y explotación, para lo cual argumentan motivos de protección ambiental. El caso de Majaz, en Piura, es uno de los más palpables, porque la población cree que el proyecto impactará en el medio ambiente de la zona y las propias comunidades han decidido no permitir el uso de las superficies comunales. Y es tal la importancia de estos conflictos que el tema lo abordó ayer en la Convención Minera Manuel Glave, investigador senior del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), quien presentó ante los mineros reunidos en Arequipa el estudio Gestión y Política Pública en Negociación de Tierras, el cual acentúa la necesidad de reevaluar el tema legal que afecta a las comunidades, así como realizar el ordenamiento territorial para identificar zonas ecológicas donde no deberían efectuarse actividades mineras. Ello con la finalidad de otorgar tranquilidad a las comunidades.
- [El Comercio,Pág. B4] /
- [Correo,Pág. 3,4] /