El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, subrayó hoy que los únicos que pueden cuestionar, declarar legal o ilegal los convenios que tiene Minera Majaz con las organizaciones comunales de la zona del proyecto minero Río Blanco en Piura, son las mismas partes, por acuerdo entre ellas o por orden judicial. En ese sentido, se refirió a un cuestionamiento de la Defensoría del Pueblo a dichos contratos afirmando que son entre privados por lo que el Estado no puede intervenir ni cuestionarlos. También reiteró que no existe artículo constitucional ni sustento legal que permita a un gobierno local convocar a una consulta popular para dar o no el visto bueno a una actividad minera. Esto a raíz de la consulta popular que planean efectuar este domingo 17 las autoridades ediles de la provincia de Ayabaca, y los distritos del Carmen de la Frontera y Pacaipampa, en la provincia de Ayabaca en Piura, para aprobar o rechazar la ejecución del proyecto Río Blanco que la Minera Majaz busca implementar.