Una vez más nuestro país se encuentra en una situación en la que desde el Gobierno se evidencia una débil capacidad de prevención y manejo adecuado de un conflicto social, como él que se viene produciendo en un sector de la población en Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, en Piura, azuzada por el narcotráfico y por algunas, agrupaciones ambientalistas que tienen la suficiente influencia para movilizar estos sectores en cpntra de las operaciones mineras de Majaz.