El Gobierno y las autoridades locales y regionales involucradas en la áspera confrontación alrededor del proyecto minero Majaz están obligados a dar muestras de tolerancia, apertura y sujeción a la ley para superar el entrampamiento actual, promovido por grupúsculos controvertidos pero con evidente respaldo económico. ¿A quién puede interesarle que se aborte este importante proyecto? Pues entre quienes azuzan la radical campaña antiminera se puede encontrar desde dirigencias politizadas de ronderos hasta controvertidas ONG ambientalistas, además de personajes vinculados al narcotráfico a los que no les conviene la presencia del Estado ni de la actividad privada en la zona. Puede que el Gobierno haya reaccionado tardíamente, pero hay que reconocer la voluntad de dialogar, para lo cual el jefe del Gabinete Jorge del Castillo se trasladó a Piura. Pero los alcaldes de los distritos donde se ubica la mina no asistieron, lo que aparte de descortés es inaceptable. Más aun, cuando por otro lado es evidente su activa participación en promover una ilegal consulta popular, para la cual no tienen ni autorización ni existen garantías de libertad y pluralismo.