Un grupo de pobladores de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) promueve una consulta popular para el próximo 16 de setiembre para decidir si aceptan o no la actividad minera en esas localidades. Además estos comuneros "influenciados por algunas ONG ambientalistas politizadas, de izquierda" amenazan con cerrar las carreteras de acceso donde se encuentran ubicados los denuncios de explotación minera, como medida para evitar que Majaz desarrolle su actividad productiva. Esta falazmente denominada consulta popular es ilegal, improcedente desde cualquier punto de vista y aspira sólo a vetar la inversión privada. Mucho más cuando la minera Majaz es nueva –tan sólo tiene tres meses en el país– por lo que es obvio que ni siquiera ha establecido confrontación alguna con las comunidades del país.