DEFENSORÍA ADVIERTE LO MISMO

La consulta popular que se pretende realizar en Ayabaca no tendría por qué satanizarse si se tiene en cuenta el derecho a la libertad de expresión. El problema es su intención, es decir, vetar la actividad minera.En ese sentido manifestaron su preocupación la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas, el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Para la defensoría, el mecanismo puede resultar válido, pero solo si busca propiciar el diálogo y generar consenso. Sin embargo advierte que una consulta no implica un derecho de veto de las comunidades sobre el proyecto en cuestión, sino que más bien allana el camino para una gestión más viable.El viceministro de Minas, Felipe Isasi, también fue categórico al declarar que una consulta de esta naturaleza solo es dable cuando están en discusión asuntos vecinales, mas no recursos del subsuelo que son propiedad del Estado. Hace unos días el JNE emitió un comunicado en el que señalaba que la consulta promovida en los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Paicapampa no había sido canalizada a través de los órganos electorales, a pesar de que la naturaleza de la misma así lo demanda. "Por tal razón, se advierte a la colectividad que la jornada electoral, publicitada vía web, no tiene carácter oficial". En ese portal también se ha colocado sin autorización los logos de la defensoría, del JNE y del Conam.