El Ministerio de Economía y Finanzas está obligado a un urgente esclarecimiento de las remuneraciones estatales, que tendrían como denominador común la existencia de una planilla formal y otra alternativa, sobre la cual no se paga impuestos ni beneficios sociales. De ese modo, el discurso sobre disciplina y transparencia fiscal podría quedar en serio entredicho y sus argumentos de excusa, más que de defensa, solo agravarían una figura sospechosamente ilegal.No debería quedar en pie la evidencia de que mientras el empresario privado es sancionado civil y hasta penalmente por concebir subterfugios contables para aligerar los costos de sus planillas, en el Estado, en cambio, estas malas prácticas no solo quedan justificadas sino que terminan siendo legalizadas con decretos supremos y otras normas de menor rango.Para el caso concreto del MEF, la Contraloría de la República ha detectado que 470 trabajadores obtienen un segundo ingreso por Cafae (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo), que permite que gran parte de ellos quintuplique el ingreso recibido por planilla y en otros llega a multiplicarse hasta por diez.Por cierto que esta perversión salarial no nació con este gobierno, pues tiene cierta data, y tampoco es patrimonio del MEF, porque también es práctica corriente en otros organismos. Pero bajo cualquier perspectiva es una distorsión intolerable que debe cambiar.Los sueldos de los funcionarios públicos siempre generan polémica pero es obligatorio y prudente desterrar la grita demagógica del debate, pues es cierto que hay una necesidad de contar con profesionales altamente calificados para mejorar la gestión pública. Sin embargo, frente al tremendo desorden, expuesto por la informalidad en cuestión, el Congreso debería aprobar el paquete legislativo sobre reformas en el Ejecutivo, entre ellos, la ley sobre remuneraciones del Estado.