Según organismos ambientalistas, el pasado viernes 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la vida de los pobladores de La Oroya por la grave contaminación ambiental generada por el Complejo Metalúrgico de Doe Run, ubicado en esa ciudad.