El asilo político, concedido por el Gobierno Peruano, al líder sindical venezolano Carlos Ortega, es explicable y justificable por razones humanitarias.Sin embargo, aunque las máximas autoridades de ambos países se han cuidado muy bien de descartar cualquier perjuicio a las relaciones bilaterales, el hecho de que un dirigente opositor que lidera la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) pida asilo al Perú es una muestra clara del cada vez más exacerbado autoritarismo del régimen chavista, cuya intolerancia lo lleva a echar a sus opositores.La Cancillería Peruana tiene tradición de haber seguido la línea que establece el derecho internacional para proteger los casos de las personas que resultan ser claramente perseguidas por razones políticas en su país de origen. Y, según se ha informado, tomó cierto tiempo evaluar la decisión, precisamente para no mellar la soberanía y autodeterminación de un país vecino.Deberíamos pedirle al régimen de Hugo Chávez una actitud consecuente similar, sobre todo cuando persiste en interferir en la vida política de nuestro país, antes apoyando al candidato antisistema Ollanta Humala y ahora abriendo más oficinas del ALBA, su caballo de Troya que tras una careta humanitaria esconde una intolerable intencionalidad de propaganda e intromisión proselitista. Y a la Cancillería Peruana debemos demandarle firmeza y coherencia para rechazar esas conductas intervencionistas.