En abril de este año, los municipios distritales de Ayabaca y de El Carmen de la Frontera (ambas en Piura) convocaron a la población a una consulta popular para saber si aceptaban la construcción de una mina a tajo abierto en sus linderos, que estaría a cargo de Minera Majaz (propiedad de la firma china Zijin Metais). La fecha programada fue el 16 de setiembre y a medida que esta se acerca, la polémica en torno a este procedimiento sigue creciendo. Hace un par de semanas, Majaz ofreció a las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas (ubicadas en Ayabaca y El Carmen de la Frontera, en los linderos de la mina) la creación de un fondo de US$80 millones para obras de infraestructura, con el objetivo de que la consulta popular de las municipalidades sea rechazada y se permita el desarrollo del proyecto. Según Edilberto Neyra, dirigente de la comunidad campesina de Yanta, su organización decidió rechazar ese fondo y lo mismo hizo Segunda y Cajas. Ambas optaron, aseguró, por continuar con el proceso de la consulta popular previsto para el 16 de este mes. El viceministro de Minas, Felipe Isasi, indicó que el Ministerio de Energía y Minas y el Jurado Nacional de Elecciones han declarado ilegal esta consulta popular. Agregó que los resultados no serán vinculantes para el desarrollo del proyecto, debido a que los municipios solo pueden convocar a estos mecanismos electorales en aspectos vecinales, no así cuando involucra a recursos del subsuelo, que son propiedad del Estado Peruano. Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ysaac Cruz, indicó que la consulta popular pretende ser usada por ciertas ONG antimineras como mecanismos de presión social y político para impedir la realización del proyecto cuprífero.