Los días en que el acceso a la información pública era privilegio de unos cuantos burócratas están quedando en el olvido. Así lo demuestra el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que reafirma el derecho de cualquier ciudadano peruano a solicitar, acceder y tomar contacto con toda información que genera el aparato del Estado en todas sus instancias.La resolución del TC marca un histórico y firme precedente. Si bien se refiere a un caso puntual, presentado por el ciudadano Eduardo Simón Chávez contra un concejo distrital arequipeño, es también un antecedente importante que deberán tener en cuenta aquellas entidades y tribunales de justicia que se niegan a cumplir lo estipulado en la Constitución y sobre todo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta última norma, promulgada durante el gobierno de Valentín Paniagua y ratificada por el de Alejandro Toledo, es clara y terminante. Establece que es obligación de las autoridades poner a disposición de todos los ciudadanos --y no solo de los periodistas-- la información sobre asuntos públicos. Y complementariamente señala que su incumplimiento se sanciona con toda severidad, incluso penalmente, como delito de abuso de autoridad. Detrás de todo esto hay principios incontrovertibles que deben llevar a desterrar la nefasta cultura del secretismo y promover la transparencia en los actos del Estado. Esta es una forma de fiscalización ciudadana y, por lo tanto, una contribución a la lucha contra la corrupción. El Estado, que es sostenido por los ciudadanos, está para servir a estos y no puede ser coto cerrado de algunos irresponsables burócratas que sospechosamente quieren poner candados a la información pública. Así lo debe haber valorado el TC, ante la reticencia e intransigencia que siguen mostrando, por ejemplo, algunos alcaldes que se niegan a explicar cómo administran los presupuestos participativos y los montos de estos. Qué decir de otras 13 entidades públicas, que según el Consejo de la Prensa Peruana, no habían cumplido hasta enero de este año con actualizar sus portales de transparencia en Internet. No lo olvidemos: salvo excepciones, toda la información que posee el Estado se presume pública y pertenece a todos. (Edición sábado).