La detención del ahora ex alcaide del penal Piedras Gordas cuando recibía una coima, así como el descuido de dos agentes penitenciarios --dopados por un reo que logró fugar mientras era llevado en un ómnibus interprovincial hacia Chimbote-- son hechos cotidianos en la crítica existencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Precisamente, dicha entidad le reveló ayer a El Comercio un dato para preocuparse, pero que orienta sobre lo que ocurre en el sistema carcelario nacional. En los últimos años, el INPE ha investigado y sancionado, en la mayoría de casos con penas administrativas, a 31 agentes involucrados en los siguientes hechos ilícitos: participación en fuga de reclusos, ingreso de drogas, bebidas alcohólicas y celulares a penales, otorgamiento de privilegios a los cabecillas del hampa organizada, obtención de lucro en la compra de alimentos y hasta en haber ocasionado la muerte de algún recluso.