Más vale que el Congreso analice técnicamente los alcances del reciente proyecto del Gobierno que fija un tope de 14 remuneraciones al año para los empleados públicos. Y es que esta iniciativa, si bien busca poner fin a la disparidad y distorsiones en los ingresos de la burocracia, también puede afectar la productividad de la administración pública y, a la larga, ocasionar que más profesionales abandonen el aparato estatal.Estos temas tienen un origen común. Se vinculan con asuntos públicos urgentes y postergados en la agenda política, como la reforma del Estado y de la carrera pública, así como con el proyecto de la Ley Marco del Empleo Público que durante la gestión del presidente Toledo se envió al Congreso donde sigue en comisiones.Esto no puede continuar. Hay que considerar que algunas empresas estatales pagan a sus trabajadores un bono de productividad. ¿Se suspenderá este beneficio a pesar de que se otorga como incentivo y motivación laboral? También hay sectores que abonan 16 sueldos, con base en convenios colectivos que deben honrarse. ¿Qué hacer si el proyecto del Ejecutivo suspende cualquier disposición que señale más de 14 sueldos? Es explicable que el Legislativo esté concentrado en el fondo para la reconstrucción del sur, pero luego debe poner en agenda la reforma del empleo en la administración pública. Hay que evitar los cuestionamientos que pesan sobre ciertos regímenes laborales e incluso fondos de asistencia que han sufrido serias distorsiones. Pero tampoco podemos seguir de brazos cruzados ante la ola de profesionales que migraron del aparato estatal porque este no valoraba la meritocracia.