El caso Majaz parece llegar a un nuevo punto crítico pues ayer los representantes de las comunidades de las provincias de Huancabamba y Yanta (Piura) rechazaron la propuesta del consorcio minero para otorgarles un fondo de US$ 80 millones destinados a proyectos de desarrollo de estas comunidades."La salud de miles de personas no tiene precio. Además se afectarán las actividades de nuestro valle como la agroexportación", señaló a La República, Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca.(Edición sábado).