Cuando la mayoría de peruanos de toda condición se pone de pie para ayudar a los compatriotas damnificados resulta despreciable que algunos desalmados pretendan traficar con estas donaciones para provecho propio.Es lo que, desafortunadamente, ha sucedido en La Victoria, donde están involucrados la subgerenta de Defensa Civil y otras cinco personas, pero también en el Callao, Chiclayo y Huancayo, con circunstancias agravantes: los autores, en su mayoría, son funcionarios públicos llamados a servir a los ciudadanos. Y luego, si en tiempos de normalidad corresponde a estos garantizar el buen uso de los recursos del Estado, la obligación es mayor en una situación de desastre.Todo esto configura delitos de peculado y abuso de la función pública que las autoridades municipales, fiscales y judiciales tienen que denunciar e investigar a fondo. Y luego de deslindar responsabilidad deben aplicar a los culpables las sanciones más severas, incluso penas de cárcel. Es difícil tomar todas las precauciones para atender de inmediato una emergencia como esta. Pero, precisamente para afrontar el desorden inicial y poder ayudar a los miles de afectados, el Estado puede y debe contar con mecanismos y funcionarios fiables. Y los que no actúen como tales tienen que ser separados y castigados, porque así lo exige la justicia, pero también para sentar un firme y ejemplarizador precedente de tolerancia cero contra el tráfico de donaciones.