El tema del supuesto complot antidemocrático está introduciendo tantos elementos contraproducentes y explosivos que podría convertirse en un bumerán para el Gobierno. Y es que su politizada manipulación por parte de la alianza oficialista -que ha pretendido forzar el nombramiento de una comisión investigadora congresal, sin presentar evidencias convincentes- solo contribuye a incrementar innecesariamente el clima de enfrentamiento y crispación social. Fue tal la presión ejercida que se postergó para la próxima legislatura la trascendental agenda pendiente, que incluía la bicameralidad y el nombramiento del defensor del Pueblo.Es posible que haya grupos interesados en desestabilizar el Gobierno. De hecho, la mano negra del fujimontesinismo pareciera estar digitando una serie de acciones psicosociales. Incluso, es factible que los extraditables pretendan un gobierno tan desarraigado -o incluso de facto- que haga legalmente inviable su extradición.Sin embargo, no se puede generalizar. Si el Gobierno percibe que hay una conspiración, tiene que hacer una denuncia formal con evidencias contundentes. De lo contrario, por su baja credibilidad, ello se podría interpretar como una vulgar estratagema para echarle a otros la culpa de su incapacidad para manejar el país.No es, pues, suficiente basarse en las declaraciones y audios endebles del antes llamado 'el patriota' y ahora 'el mercenario', para justificar la grave tesis de una conspiración que involucra toda una maraña de fujimontesinistas -muchos en cárcel-, ex dueños de medios y periodistas en ejercicio.En el tema de la prensa, puede haber habido excesos. Pero ello debe ser evaluado por el ciudadano, censurando al medio con su rechazo, como ya hizo antes con los que se vendieron a Montesinos.Además, el tema de la conspiración tropieza con otros dos inconvenientes: doctrinariamente la democracia es un sistema tan noble que permite incluso propugnar ideas contrarias a ella e incluso su autoanulación o resquebrajamiento, siempre y cuando se haga dentro de la ley (caso Venezuela). Por su parte, la prensa tiene la libertad de expresar ideas discrepantes con las de otros, empezando por el Gobierno. Y sus excesos los determina el Código Penal.Desde esta columna rechazamos todo intento de desestabilizar la democracia. Pero tampoco podemos negar el derecho de otros medios y periodistas a expresar opiniones contrarias.Por ello, es fundamental que el Gobierno especifique en su denuncia qué delitos se estarían cometiendo. De ser esta convincente, la eventual investigación -incluyendo la de periodistas- seguramente tendría el apoyo de todos quienes defendemos la democracia. Sin embargo, el Congreso no sería el mejor foro para ello. Su visión prioritariamente política y el hecho de ser los congresistas muchas veces parte enfrentada a la prensa, le restan autoridad para ello. En todo caso, el Ministerio Publico ya está viendo el tema.El tema es muy delicado y si se continúa manejando irresponsable y politizadamente, sería lógico concluir que está en curso un intento de, entre otras cosas, amedrentar a la prensa, lo que sería muy grave para la nación y la gobernabilidad.