La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) indica que desde hace aproximadamente cinco años un grupo que califica de "seudo asesores" en fiscalización y recaudación fiscal", ha tomado como blanco para sus delitos a las empresas que prestan servicios públicos. Señala que para ello, acuden principalmente a municipalidades inexpertas, con escaso personal y presupuesto, a las que convencen de presentarles servicios de fiscalización y recaudación tributaria (aquella función que por ley le compete sólo y de forma indelegable a los municipios), obteniendo como contrapretación un porcentaje. "Durante ese periodo se ha intentado cobrar de manera ilícita alrededor de S/. 1,400 millones", precisa AFIN en su último quincenario.
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