El Estado Peruano deberá pagar más de 400 mil dólares por concepto de reparación a los familiares y deudos del dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y de la activista social Consuelo García Martínez, ejecutados extrajudicialmente en febrero de 1989, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el viernes pasado notificó su sentencia sobre este caso ocurrido hace 18 años.El fallo de la corte también contempla que el Estado realice una ceremonia de desagravio público para los familiares de las víctimas y que asuma el costo del tratamiento psicológico y la educación de los deudos que lo requieran.