Más allá del enfático reclamo por mayores presupuestos del presidente del Poder Judicial Francisco Távara en el Día del Juez, lo concreto es que la reforma del sistema nacional de justicia nunca se hará realidad si no se le provee de la autonomía económica que requiere.No tratamos de señalar aquí que la sola asignación de mayores partidas presupuestales hará más eficiente la función jurisdiccional. Sin embargo, tampoco se puede negar lo innegable: que el Poder Judicial requiere montos mayores --o por lo menos iguales-- a los asignados en el pliego anterior, pero no recortes sustantivos como el aplicado en el presupuesto 2008 en el rubro gastos corrientes (70 millones de soles menos). Esta medida de austeridad fiscal en uno de los poderes del Estado más gravitantes del país resulta inusitado y atemporal. No solo por la solvencia que hoy reina en la caja fiscal, sino porque el Ejecutivo y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, se comprometieron explícitamente a atender los requerimientos del Poder Judicial, incluyendo el financiamiento de la reforma pendiente y de otras demandas adicionales, que exigen desembolsos diferentes a los gastos corrientes. A ello debe sumarse también el incumplimiento en el pago de las gratificaciones a los jueces, una medida que desconoce el régimen remunerativo de la magistratura.Estos desencuentros inexplicables tienen que resolverse de inmediato si queremos un Poder Judicial eficiente, que reduzca su ostensible carga procesal y que sea sinónimo de confianza para los peruanos y para la inversión extranjera.Estamos en un año crucial para la reforma de la administración de justicia. Tiene que ponerse en marcha el Código Procesal Penal, calificar y capacitar a magistrados y personal administrativo, entre otras medidas prioritarias. Por ello, la pregunta es si el MEF cumplirá sus compromisos y hará suya una reforma que simplemente puede cambiar el curso de la justicia en nuestro país.