Los nativos machiguengas y los campesinos de la provincia de La Convención han solicitado un nuevo estudio de impacto ambiental para evaluar los daños que causó el derrame de gas licuado ocurrido el pasado 22 de diciembre, al romperse un gasoducto que transporta el gas de Camisea. Ellos exigen al gobierno regional que contrate a una compañía privada para que realice una evaluación independiente, pues aseguran que el informe presentado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) no concuerda con la realidad.Los pobladores de La Convención manifestaron que la empresa ha presentado una evaluación que minimiza los efectos en el medio ambiente que causó el derrame del gas licuado en el kilómetro 8,8 del ducto que parte de la estación Las Malvinas. Según los machiguengas, la fuga afectó las aguas del río Bajo Urubamba, en el sector de Túpac Amaru, en Echarate, ocasionando la muerte de decenas de peces, así como daños en la flora y en la fauna del lugar.