En la peculiar coyuntura económica, política y social que atraviesa el Perú, la convocatoria al Pacto Social, que ha hecho el presidente Alan García, es sumamente interesante. Pero para que rinda frutos tiene aún que aclararse su agenda, objetivos, límites y protagonistas.El Pacto Social no puede ser entendido simplemente como una válvula de escape para contener las protestas y tensiones sociales reavivadas recientemente. Ese pudiera ser quizá uno de sus efectos, pero a lo que debe apuntar es a asegurar la paz social a través de la redefinición de las reglas de interrelación entre los principales actores: los empresarios, la población económicamente activa (empleados y desempleados), y el Gobierno.En todo este contexto, la fijación del salario mínimo vital es un asunto particularmente complicado, pero que debe responder a esta nueva realidad de diálogo social y crecimiento económico. Aquí los interlocutores tienen que aprender a conversar y ponerse en el lugar del otro, sobre todo de los millones de compatriotas que no tienen empleo y deben tener voz y participación en un Pacto Social duradero.EL RETO DE CRECER Y REDISTRIBUIR.Se trata, pues, de un foro amplio que no se agota en lo técnico y laboral (como el Consejo Nacional del Trabajo), sino que abarca variables macroeconómicas y políticas, como ha apuntado la ministra de Trabajo, Susana Pinilla. Si al 2011 el Gobierno pretende crear un millón y medio de empleos y reducir la pobreza al 30%, debe crear las condiciones y tender puentes durables y fluidos entre los actores involucrados.La reactivación ya empezó. El reto ahora es consolidarla y hacer que beneficie a más peruanos: redistribución, como bien apuntó el presidente en su mensaje a la nación. El crecimiento continuo del PBI y de las inversiones en los últimos seis años nos colocan en una situación expectante que debe llevarnos a todos a interiorizar las reglas de la economía social de mercado, no de un sistema ultraliberal, ni mercantilista ni estatista. Ello implica que el Gobierno promueva el crecimiento, garantice la seguridad jurídica y deje que el sector privado haga lo suyo. También que se fiscalice mejor y se denuncie a las empresas que crecen a expensas de la informalidad y el subempleo. Y, en coordinación con el Congreso, debe desecharse iniciativas legislativas absurdas que pretenden resucitar la estabilidad laboral absoluta y encarecer los sobrecostos laborales. COMPARTIR GANANCIAS Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.Los empresarios, a su turno, tienen que aprender a compartir sus ganancias con los trabajadores, reconocer su desempeño y motivarlos a identificarse más con los objetivos de la empresa y del país. Igualmente, deben promover vías, dentro del pacto, para canalizar mejor sus inquietudes y resolver sus problemas.A la gran masa de trabajadores, empleados, subempleados y desempleados, les corresponde aportar su esfuerzo para mejorar la producción y la productividad. Igualmente tienen que estar abiertos a una tregua social. Todo ello sin dejarse llevar por las agendas hiperpolitizadas o ideologizadas de algunos dirigentes sindicales que defienden el statu quo y a solo una porción menor de la PEA que tiene trabajo. ¿Y el resto?Lo positivo, hoy, es haber puesto sobre la mesa el complejo tema del Pacto Social, a la espera del aporte sensato de los protagonistas del crecimiento que tiene que ser inclusivo y redistribuido.