El rechazo del Decreto Legislativo 982, que penaliza y sanciona a las autoridades regionales y locales que participen en manifestaciones públicas, tiene desde ayer dos frentes de lucha. Uno de ellos se gestó en el Consejo Regional de Arequipa, que acordó por unanimidad encargar al presidente de la región, Juan Manuel Guillén Benavides, presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta disposición.Según Guillén, sus asesores están elaborando el documento que se presentará al Tribunal Constitucional (TC), el cual estará listo la próxima semana. Se espera que los alcaldes arequipeños se unan a esta iniciativa, refirió la autoridad regional."La norma (el decreto 982) pretende limitar la libertad de acción de los presidentes regionales", comentó Guillén. "Una norma de este tipo condiciona comportamientos y conductas, limita la capacidad de alcaldes, presidentes regionales y otras autoridades para tomar decisiones dentro de sus competencias y atribuciones", sostuvo.