El primer año del segundo gobierno aprista concluye con una clarinada de alerta respecto de la deficiente capacidad de liderazgo y gestión para enfrentar el embalse de demandas sociales acumuladas por décadas.Hay logros destacables, como mantener las líneas maestras del programa macroeconómico, que explican el azul de los principales indicadores, como una baja inflación (1,5%), alto crecimiento (proyectado a 7,5% del PBI anual) y un flujo de inversiones creciendo al 20% anual que no ha amainado a pesar de las protestas recientes. Es más, algunas agencias de riesgo señalan que nuestro país está cerca de obtener el ansiado grado de inversión, que nos colocaría en una posición expectante en la ruta hacia el desarrollo.Hay que reconocerle al Gobierno la capacidad para mantener el principio de autoridad en el caso emblemático de Santa Anita primero y luego para poner a raya al Sutep, a pesar de las embestidas concertadas de la izquierda radical que salió desesperadamente a defender al sindicato docente para poder mantener sus cuotas de poder en el actual statu quo.El apoyo mayoritario a la reforma educativa, que con mano firme inició el régimen aprista, no debe ser defraudado. Se espera, pues, avances importantes a partir del diálogo establecido tras la suspensión de la huelga docente. Pero, en cualquier caso, las conversaciones deben concentrarse en el cómo y no en la esencia de la reforma, que apunta a mejorar la calidad de la educación, a la zaga en el ránking latinoamericano.Igualmente, hay que reconocer el cambio de actitud del Gobierno para sacar adelante y confirmar el tratado de libre comercio con EE.UU., en el entendido de que se trata del instrumento principal para asegurar mercado a nuestras exportaciones y posibilitar el TLC interno, que apunta a una mejor distribución de los recursos.Hay otros aspectos positivos en cuanto a simplificación administrativa que aún tienen que ser mejor perfilados. Igualmente, reconocemos el respeto irrestricto a la libertad de expresión, a pesar de la, a veces dura, fiscalización de la prensa en el sistema democrático.GESTIÓN, LIDERAZGO Y ESTADO.La enumeración de logros va quizá más allá. Pero, ante la percepción ciudadana, el lado más débil del Gobierno ha sido y es su incapacidad de gestión: a pesar de transitar por la orientación y el rumbo correctos, no ha podido materializarse en políticas eficientes para manejar un Estado todavía débil que se enfrenta a una paradoja con visos envidiables: como nunca en la historia del país cuenta con enormes recursos provenientes del 'boom' minero y de la reactivación en marcha, pero no ha podido hacer que este bienestar sea compartido por la mayoría de peruanos en estado de pobreza a través de un aumento del empleo, de una mayor inversión en infraestructura o de un mejor apoyo social. Todo esto hace más que evidente la urgencia de la reforma del Estado, que aún no ha sido afrontada con seriedad para adelgazar el tamaño del aparato estatal y ponerlo realmente al servicio de los ciudadanos.Mientras, por un lado, siguen pendientes la ley de carrera pública y las sanciones por incumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, así como el blindaje constitucional de los organismos reguladores; del otro lado, solo se dio manotazos de ahogado con la arbitraria rebaja de sueldos a funcionarios públicos. Todo esto debe ser corregido para poder captar a los técnicos y funcionarios de primer nivel que se necesita --en lo que se podría tercerizar la convocatoria de una tecnocracia calificada-- e introducir los criterios de mérito y eficiencia en la administración pública.Asimismo, el Gobierno debe mantenerse a pie firme contra las maniobras de sectores radicales del aprismo que pretenden resucitar las prácticas vedadas de clientelismo y copamiento. No más injerencia de Mantillas ni de Aranas ni de personajes que, por el solo hecho de pertenecer al ala dura del partido, quieren interferir y tener cuotas dentro del Estado. A otro nivel, el Gabinete Ministerial, que ya sufrió dos bajas, debe seguir siendo manejado con criterios técnicos y sin someterse a atávicos rituales de renovación que solo sirven para alentar pugnas y apetitos partidarios.En cuanto al Congreso y el Poder Judicial, deben ser conscientes de su corresponsabilidad para garantizar la estabilidad política y la seguridad jurídica, de modo que se pueda atraer más inversiones. Los problemas del país no son causados solo por el Ejecutivo, por lo que su solución reclama la participación del Legislativo para dar las leyes que esperan la sociedad y las inversiones (y desechar proyectos desestabilizadores como el de retornar a la Carta de 1979 o resucitar la malhadada estabilidad laboral); y de los jueces y fiscales para aplicar la ley correctamente sin sospechas de corrupción. LA ALERTA SOCIAL.El remezón social de las últimas semanas ha puesto de manifiesto la agenda desestabilizadora de algunos grupúsculos, pero también, en el fondo, la enorme deuda del Estado con amplios sectores sociales