A un total de 350,000 personas se perjudicaría con la eliminación de la intermediación laboral, de prosperar el proyecto de ley que ha presentado la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca, estimó Oscar Núñez, director de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal, Tercerización y Afines (AETT). "Una vez más estamos acudiendo a una situación increíble, donde no se piensa y se actúa por instinto, por cuestiones políticas. No se conoce ni un ápice de los efectos sociales y sobre la productividad laboral que tendría esta medida", dijo a Correo. Incluso advirtió que antes de la entrada en vigencia del decreto supremo que limita el campo de acción de los services ya se habrían perdido más de 50,000 empleos, previendo que otros 20,000 trabajadores más también se verán afectados a partir de hoy, al empezar a regir esta norma.