Cuando llegue al cernidor parlamentario, el paquete legislativo promulgado por el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana debe merecer una exhaustiva revisión y hasta eventuales rectificaciones. Una comisión revisora del Congreso tendrá el encargo de examinar la pertinencia constitucional de las modificatorias y aumentos de sanciones en el Código Penal, de Procedimientos Penales y otras normas, y si todo esto respeta el marco normativo delegado por la mayoría del Parlamento.Precisamente, la delegación de facultades, que demandó un gran esfuerzo de persuasión oficialista ante sectores de la oposición, tuvo por objetivo permitir que el Gobierno pudiera legislar para reprimir y endurecer las penas contra las bandas organizadas, terrorismo y narcotráfico.Esencialmente, constituía una severa y necesaria respuesta legal ante la criminalidad. Sin embargo, la inesperada ampliación del campo de acción del paquete refleja que también pretendería ser aplicado para sancionar con inhabilitaciones en sus cargos a quienes generen violencia a partir de las movilizaciones sociales.Toda persona sensata desea que se imponga el principio de autoridad ante quienes bloquean carreteras y no respetan el derecho de otros para transitar por el país. Pero debe haber una proporcionalidad en las penas aplicables por esta clase de ilícitos y hay que calibrar hasta qué punto es posible tipificar estos hechos como delitos de extorsión.Del mismo modo, resulta discutible que funcionarios públicos, como un presidente regional o alcalde, que participen en una huelga puedan ser inhabilitados y luego procesados por el delito de extorsión. Hay otras inclusiones normativas que han generado polémica en la comunidad jurídica y política.Se nota cierto apresuramiento en su redacción y carencia de ciertas precisiones. Sin embargo, hay tiempo para que el Congreso y el Ejecutivo realicen las necesarias coordinaciones y enmiendas, con el fin de aprovechar las partes positivas de esta legislación y depurar los excesos legales.