Representantes de los principales gremios empresariales expresaron su conformidad con el decreto legislativo 982 que establece la inhabilitación a los funcionarios públicos con capacidad de decisión, como alcaldes y presidentes regionales, que participen en huelgas contra el Estado.Asimismo, saludaron el conjunto de decretos legislativos, emitidos al amparo de las facultades delegadas, para combatir la delincuencia.El presidente de la Confiep, Jaime Cáceres Sayán, desestimó que esta norma atente contra dichas autoridades, pues consideró que la ley contra quienes promuevan o instiguen a la violencia en este tipo de medidas de fuerza debe ser igual para todos.Señaló que era un contrasentido que una autoridad pública promueva huelgas y paros, como los registrados en las últimas semanas, para afectar al propio Estado; y saludó también que el Ejecutivo haya emitido un paquete de 11 decretos para hacer más eficaz la lucha contra el crimen.Samuel Gleiser, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, descartó que la norma pretenda acallar las reivindicaciones que las autoridades electas como los alcaldes y presidentes regionales tengan que hacer a nombre de sus pueblos, porque -dijo- cualquier demanda puede canalizarse por los canales establecidos.