INHABILITARÁN A ALCALDES Y PRESIDENTES REGIONALES QUE PARTICIPEN EN HUELGAS

La festividad y el bullicio que un pasacalle desataba en la Plaza de Armas contrastaba con la solemnidad del Salón Dorado de Palacio de Gobierno. En ese recinto, el presidente Alan García y la ministra de Justicia, María Zavala Valladares, tenían un importante anuncio que dar a conocer. Después de casi tres meses, el Poder Ejecutivo publicó en "El Peruano" los decretos legislativos elaborados al amparo de las facultades que le delegó el Congreso de la República para legislar en materia de lucha contra el crimen organizado.El jefe del Estado fue el primero en tomar la palabra para destacar que entre los decretos legislativo había "temas novedosos" y una "figura nueva en el caso de la extorsión". Nadie suponía en ese momento a qué se refería.Poco antes de terminar su discurso, García sostuvo enfático que "el Perú quiere seguridad, el Perú quiere orden y estamos contribuyendo a eso mediante una política jurídica y policial de celeridad y de mano dura, como lo exige la población".Minutos más tarde, el presidente García se retiró del Salón Dorado y dejó a la ministra Zavala como la única protagonista de la conferencia de prensa.Desde ese momento, comenzó a dilucidarse que el paquete legislativo elaborado por el Poder Ejecutivo para luchar contra el crimen organizado venía con sorpresa. Resulta que un párrafo del extenso Decreto Legislativo 982 (que modifica el artículo 200 del Código Penal) establece que los altos funcionarios del Estado serán sancionados con la inhabilitación, si participan en huelgas.Esta figura delictiva hubiera pasado desapercibida entre tantas otras, si la ministra de Justicia no hubiera precisado a quiénes afectaba esta disposición: "Estarían comprendidos ministros, congresistas, alta dirección de los ministerios, presidentes de gobierno regional, alcaldes".