Si en algún escenario público se reflejará con hechos la polarización política que hoy vive el país, será en el Congreso. Eso es lo que probablemente ocurrirá entre miércoles y viernes, cuando -hasta nuevo aviso- se frustre la reforma constitucional para que a partir del 2006 tengamos 200 representantes en dos cámaras legislativas, se postergue la elección de un jefe titular en la Defensoría del Pueblo y, quizá, se dilate el nombramiento de la única vacante de magistrado del Tribunal Constitucional que quedó pendiente desde mediados de diciembre pasado.Y es que los ánimos político-partidarios están más que caldeados, por lo cual será dificil conseguir el necesario consenso multipartidario para sacar adelante estas novedades pendientes de pronunciamiento parlamentario.Lo único cierto es que de todas maneras se cumplirá la agenda programada desde hace varias semanas para estas tres últimas sesiones plenarias correspondiente a la primera legislatura del Congreso agosto-diciembre.Son varias las razones por las cuales sería dificil proseguir con la reforma constitucional -en realidad la última tentativa, porque después de marzo otro será el ambiente político nacional-, pero una muy influyente es la poca credibilidad que tienen actualmente los congresistas en términos generales para acordar reformas de fondo en la estructura del Estado, cuando dentro de año y medio el país tenga nuevas autoridades políticas elegidas y con un mandato popular de cinco años.Quizá por eso varios voceros de distintas sectores políticos consultados ayer por El Comercio advirtieron que no sería extraño que por falta de votos el actual encargado de la Defensoría del Pueblo, Walter Albán, continúe por quinto año consecutivo en esa condición, luego de que en diciembre del 2000 renunciara a ese cargo Jorge Santistevan de Noriega para presentarse como candidato presidencial en los comicios del 2001.