Es positivo que el Gobierno siga flexibilizando el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que en su estructura actual traba la obra pública social, tan necesaria y clamorosamente exigida, sobre todo por las regiones del interior.Según la propuesta del Ejecutivo, para los proyectos por debajo de S/.300.000 solo se llenará una pequeña ficha; de S/.300.000 hasta S/.6 millones se exigirá un perfil del proyecto; de S/.6 millones a S/.10 millones se requerirá estudio de prefactibilidad; y por encima de S/.10 millones se presentará un estudio de factibilidad.Con estos cambios los gobiernos regionales tienen cada vez menos margen para quejarse. Por el contrario, es hora de que tomen al toro por las astas para asumir su responsabilidad en su jurisdicción y tomar las decisiones necesarias, principalmente dando luz verde a proyectos ya aprobados por el SNIP, pero que vienen de gestiones administrativas pasadas . ¿Celos o mezquindades?Adicionalmente, con gran sentido creativo, se establece también que cualquier propuesta de inversión con iniciativa privada a favor de la población, donde no haya una garantía ni aporte del Estado, no requerirá pasar por el SNIP. Por supuesto que debe seguir revisándose la estructura del SNIP para liberarlo de los candados existentes, que son rezagos de un pasado en el que los recursos eran muy escasos y el controlismo sobre el no gasto sumamente excesivo. Sin embargo, a pesar de ello, hay cada vez menos pretextos para la inacción de los gobiernos regionales, que están obligados a cambiar la cultura paternalista del pasado --en que esperaban que todo se planeara y autorizara desde Lima--, para pasar a promover una cultura de gasto social sano, dinámico y multiplicador. (Edición sábado).