No estamos sopesando en su real dimensión el incremento de las necesidades de electricidad en el Perú. Lo más grave es que, frente al crecimiento poblacional y de la industria nacional, el Gobierno no ha definido aún una política coherente para el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables y limpias que reduzcan el galopante déficit eléctrico.La imprevisión es inadmisible en un país como el nuestro, con gran caudal de recursos hidrográficos, pero también con una demanda de electricidad que crece 8% anual y que, a mediano plazo, exigirá de 300 a 500 megavatios más al año, en opinión del ex ministro Juan Incháustegui.Impedir el colapso es posible. Depende de la voluntad política con que el Gobierno encare las concesiones para, con el apoyo privado, hacer las obras que el Estado por sí solo no podrá efectuar en la transmisión y distribución de energía.Entre otras fuentes, es claro que el menor costo de inversión que demandaría la instalación de plantas termoeléctricas contrasta con el tipo de energía que generan, cuestionada en materia de normas industriales y de medio ambiente. No es el caso de los proyectos hidroeléctricos que si bien demandan inversiones mayores aseguran una energía más limpia además de una rentabilidad mayor en el tiempo para las inversiones.Este es un primer tema sobre el cual el Gobierno tiene que adoptar una posición clara: decidir qué proyectos --termoeléctricos, hidroeléctricos o alternativos-- necesita el país.En segundo lugar, tiene que cautelar el futuro de las concesiones eléctricas por lo que, en principio, resulta atendible que analice el futuro de ciertos proyectos hidroenergéticos no cumplidos, sin que ello implique desconocer las inversiones realizadas hasta el momento al amparo de las leyes vigentes.