JUEZ NO ENCUENTRA A FUJIMORI RESPONSABLE DE NINGÚN DELITO

Cerca de las 9:30 de la mañana de ayer, el secretario de la Corte Suprema de Chile, Carlos Meneses, se colocó el abrigo y el sombrero y salió de su despacho, en el centro de esta capital, rumbo a la casa de Alberto Fujimori. Tenía la misión de notificar al ex presidente que el juez Orlando Álvarez acababa de rechazar, en primera instancia, la solicitud de extradición que pesaba en su contra. No pudo hacerlo. Una llamada a su celular lo hizo volver a la mitad del camino.A último minuto, las autoridades judiciales se percataron de que Álvarez se encontraba haciendo uso del tercer día de licencia que pidió para terminar el fallo. Como lo culminó antes, intentó hacerlo público de inmediato, pero la ley no permite a un magistrado tomar decisiones judiciales en un día libre. De hacerlo, podría ser considerada nula. Esta situación incomodó a los abogados de las partes que ya habían sido citados a oír sentencia.Por ello, tras los ajustes administrativos, la licencia de Álvarez fue variada a permiso por comisión de servicios y sus atribuciones legales le fueron devueltas. El notificador volvió hacia el domicilio de Fujimori. A las 11 a.m., ya enterado de la noticia, el ex gobernante dibujaba su primera sonrisa frente a las cámaras de televisión japonesas que aguardaban en la puerta de su domicilio para registrar las primeras impresiones del fallo que lo favorecía.Coincidentemente, como para despertar más suspicacias, por la tarde la Cámara de Diputados de Chile aprobó su TLC con Japón.En abierta contradicción con el informe presentado hace unas semanas por la fiscal Mónica Maldonado, Álvarez considera que no se acredita la participación de Fujimori en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, ni en los casos de desaparición forzada o de tortura en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). En el documento de 122 considerandos, el juez tampoco encuentra participación del ex gobernante en el allanamiento a la casa de Vladimiro Montesinos ni en la interceptación telefónica ni en el pago para la compra de la línea editorial de los medios.