La bancada aprista en el Congreso está transitando por el sinuoso camino del doble estándar ético y moral. Impulsó el levantamiento del fuero de Elsa Canchaya (Unidad Nacional), pero muestra ahora una actitud encubridora para salvar a la congresista oficialista Tula Benites.Ello, a pesar de que ambas legisladoras tienen historias dolosas afines, pues contrataron a personal que cobró sin trabajar y el destino de ese dinero, por el momento, resulta incierto, por decir lo menos. Pero la buena estrella de Tula Benites consiste en que su partido --pese a todas las evidencias-- parecer haber tomado su defensa como una causa corporativa. Se repite la premisa: Primero el Apra, luego el país. El pasado lunes fue evidente la última manifestación de esta actitud cómplice. El legislador aprista José Carrasco Távara se retiró sin mayor excusa de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con lo cual dejó al grupo de trabajo sin quórum. Luego, acorralado por las preguntas de los periodistas y carente de argumentos, tuvo una reacción hostil hacia la prensa, y en concreto contra un periodista de El Comercio.Sin embargo, este salvavidas proselitista, en lugar de persuadir, provoca el aumento del rechazo ciudadano hacia el Congreso. Más aún cuando el auxiliar fantasmal de Benites, Juan Carlos Cuadros Noriega, acaba de admitir que nunca usó un cajero para cobrar su sueldo porque le dio la tarjeta a una persona de su confianza para que lo hiciera efectivo en Trujillo, tierra de la parlamentaria. Todo esto es inadmisible y no puede quedar sin sanción. Hay que medir a todos con la misma vara y aplicar la ley por igual. Al parecer, dentro del aprismo hubo una confrontación de facciones, de la cual salió airosa la posición que tiene por bandera la impunidad para los que se alinean con ella. El Congreso de la República, como institución, no puede avalar estas prácticas tan obsoletas como repudiables que afectan su ya escasa credibilidad y la institucionalidad democrática.